El gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo este 18 de diciembre una nueva deportación a Cuba, retornando a 128 ciudadanos cubanos que se encontraban en situación migratoria irregular—una cifra que, si bien no sorprende, subraya la persistencia de los acuerdos migratorios bilaterales. Ya van 1.663 personas devueltas en lo que va de 2025.
Las autoridades estadounidenses coordinaron la operación en cumplimiento de los compromisos vigentes con La Habana. ¿Simple burocracia? Más bien una señal de que, pese a tensiones, el canal migratorio sigue activo.
Según el Ministerio del Interior del régimen (MININT), los 128 cubanos deportados incluían a 106 hombres, 21 mujeres y un menor de edad. Entre ellos, una persona fue detenida al constatarse que había salido del país estando en libertad condicional—una infracción que activó de inmediato las medidas legales pertinentes.
Las deportaciones a Cuba no son noticia nueva, pero el ritmo ha aumentado en los últimos meses. Esto me recuerda a cuando en los 90 la gente se iba en balsas… bueno, da igual. Lo cierto es que, bajo el marco de los acuerdos migratorios, ambos gobiernos mantienen este mecanismo operativo, aunque con críticas desde distintos sectores.
¡Uf! Cada vuelo como este refleja no solo números, sino decisiones complejas que afectan vidas reales—algunas marcadas por la desesperanza, otras por errores legales. Lo que sí es indiscutible es que las autoridades del MININT han reforzado los controles a los retornados, especialmente cuando hay indicios de que violaron normas penales antes de su salida ilegal.
Al cierre de esta edición, se prevé una nueva devolución: seis migrantes interceptados en el mar serán retornados por el puerto de Orozco, en Bahía Honda, Artemisa. Si se concreta, la cifra total de cubanos devueltos en 2025 alcanzará los 1.669.
¿Genial? Más bien… cuestionable, si se piensa en las causas del éxodo: escasez, apagones, represión. Pero visto desde el enfoque legal, la actuación de las autoridades—tanto estadounidenses como cubanas—sigue el protocolo establecido. La deportación a Cuba no es castigo, sino consecuencia de una partida no autorizada.
Es relevante destacar que, en varios casos recientes, la rápida coordinación policial ha permitido verificar antecedentes penales de los retornados. Esto subraya la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración entre agencias para mantener el orden migratorio.
Aunque el olor a lluvia invade La Habana mientras escribo esto, el clima político sigue seco y tenso—como esos juguetes electrónicos de los 90 que ya ni los niños piden. Pero volvamos al tema: la migración cubana sigue siendo un barómetro del malestar interno, y cada devolución lo confirma, aunque los discursos oficiales intenten ocultarlo.
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